El estado actual del narcotráfico en la UE: un problema en expansión que amenaza las garantías democráticas

El mercado ilícito de drogas en la Unión Europea ha crecido en volumen, sofisticación y diversidad de sustancias en los últimos años. El incremento de la oferta —especialmente de sustancias sintéticas potentes—, la profesionalización y conexión transnacional de las redes, y la magnitud de los flujos de dinero ilícito explican por qué el narcotráfico deja de ser sólo un problema de salud pública y se convierte en una amenaza directa contra la seguridad, el Estado de derecho y las instituciones democráticas.

Durante las últimas dos décadas, el mercado de drogas en la Unión Europea ha sufrido una transformación profunda. Lo que antes era percibido como un fenómeno esencialmente externo —de importación de sustancias desde América Latina o Asia— se ha convertido en una economía criminal altamente integrada en el territorio europeo, con capacidad de producción local, redes logísticas propias y vínculos estables con sectores legales y financieros.

Este cambio estructural indica que el narcotráfico en el territorio europeo no es un problema meramente sanitario ni policial, sino un factor con capacidad real para desestabilizar las instituciones democráticas, corromper las administraciones locales, alterar los mercados legales e incluso modificar la vida cotidiana en barrios y ciudades. Como prueba de esto último, cabría señalar que en el año 2024 hubo un total de 89 tiroteos en la ciudad de Bruselas relacionados con el negocio de la droga, que acabaron con 9 víctimas mortales. La UE se encuentra, por tanto, ante un desafío que toca los cimientos del Estado de derecho: la imparcialidad de la justicia, el monopolio legítimo de la violencia, la igualdad ante la ley y la confianza de la ciudadanía en la administración pública. De ahí la importancia de dar a conocer con precisión las dimensiones reales del fenómeno, pues solo un diagnóstico adecuado permite calibrar la magnitud del riesgo y evitar su banalización en el debate público.

Aunque es cierto que en la actualidad la Unión Europea se enfrenta a problemas de gran importancia y urgencia, el narcotráfico no debería pasar inadvertido, pues no es —ni debería ser— una cuestión de escasa relevancia. Visibilizar el alcance del narcotráfico no responde a un afán alarmista, sino a la necesidad de fundamentar políticas públicas eficaces y preservar la integridad de las instituciones democráticas frente a una amenaza que ya no es marginal, sino estructural.

Según datos recientes del Eurobarómetro (primavera–otoño 2025) —la encuesta de opinión pública más amplia y representativa a nivel de la Unión Europea—, las principales preocupaciones de los ciudadanos de la UE están relacionadas, por orden, con la defensa y seguridad, la economía, competitividad e industria, la independencia energética y de los recursos, y la vivienda asequible y los servicios locales. Sólo en quinto lugar podemos encontrar las preocupaciones relacionadas con la delincuencia y el narcotráfico, aunque sin duda ha crecido en importancia respecto de años anteriores. Encuestas específicas (Comisión Europea, 2024) muestran que un porcentaje notable de ciudadanos considera el narcotráfico, el uso de drogas ilícitas, el crimen y su impacto en los jóvenes como problemas serios a nivel local, lo que pone de relieve la sensación de inseguridad en algunas comunidades.

Dimensiones del problema: escalas, mercados y tipos de sustancias

Según el Informe Europeo sobre Drogas 2024 de la EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), la disponibilidad de drogas en Europa es actualmente la más alta registrada, con un consumo preferente de cocaína, cada vez más pura (media superior al 60% en decomisos), cannabis altamente concentrado en THC, extensión de las anfetaminas y la metanfetamina, incremento sostenido de opioides sintéticos como el nitazeno, y más de 930 nuevas sustancias psicoactivas identificadas desde el año 2009. En 2023 las autoridades europeas incautaron 419 toneladas de cocaína. No solamente es la cifra más alta registrada, sino que, comparada con las 61 toneladas que se incautaron en 2010, se trata de un incremento del 587% en 13 años. De acuerdo con estos datos, la Unión Europea interceptó más cocaína que los Estados Unidos.

El tráfico de estas sustancias no sólo está presente en las grandes ciudades, como cabría suponer, sino también en regiones rurales y, principalmente, zonas portuarias y logísticas, lo que indica una integración profunda de los circuitos de distribución. Los países más afectados son Bélgica (con un 29% del total en 2023), España (28%) y Países Bajos (14%). Entre estos tres países se incautó el 71% de la cocaína en la UE. El informe EU Drug Markets: Cocaine (Europol & EMCDDA, 2023) identifica como núcleos principales de entrada y redistribución los puertos de Amberes y Rotterdam y las ciudades de Algeciras, Valencia y Barcelona. Sólo en Amberes se incautaron 116 toneladas de cocaína, lo que supone la cifra más alta de toda Europa. Pero ¿cómo penetra esta cantidad de droga en la Unión Europea? No es sencillo. Las redes criminales que se encargan de ello combinan los métodos tradicionales como la violencia, la extorsión o el soborno, con otros modernos y cada vez más sofisticados. A esto se añade lo limitado de los recursos que los países europeos destinan al control de todos los productos que entran en sus territorios.

El 82% de la cocaína europea llega a través de contenedores marítimos comerciales. La droga se esconde entre los aproximadamente 2.000 millones de toneladas de mercancía legal que atraviesan los puertos europeos cada año. La vigilancia portuaria es claramente insuficiente. Por ejemplo, en el caso del puerto de Rotterdam, el más grande de Europa –con 469 millones de toneladas de mercancías anuales– únicamente es registrado el 2% de las mercancías, debido en parte a la evidente dificultad de controlar semejante volumen de contenedores.

Pero hay otros factores que pueden ser aducidos para explicar por qué unas cifras tan elevadas en los territorios citados. En el caso de los Países Bajos cabe señalar dos factores más aparte de su gran puerto. El primero es el político, pues hay una gran tolerancia hacia las drogas blandas en el país, lo que ha concluido generando una infraestructura criminal que ha escalado hasta abarcar drogas más duras. El segundo está relacionado con las inmejorables conexiones que tiene con el resto de Europa, lo que facilita enormemente la distribución. De hecho, la conexión entre los puertos de Amberes y Rotterdam es popularmente conocida como la “autopista de la droga”, por el tráfico existente entre ambos. En el caso de España, sin duda influyen los vínculos históricos que mantiene con Latinoamérica, pues tanto Algeciras como Valencia y Barcelona concentran rutas desde Ecuador o Brasil. El 70% de la cocaína europea es de origen colombiano, el 20% de Perú y el 10% de Bolivia. Una vez en los puertos europeos, la droga sigue rutas milimétricamente planificadas. De Amberes pasa a Países Bajos y de ahí a Francia o Alemania. Si llega a Rotterdam, entonces viaja a Reino Unido, Alemania y los países escandinavos. Y si, por el contrario, llega a Barcelona o a Valencia, luego se distribuye a Francia, Italia o Suiza.

La magnitud del tráfico, en todo caso, no solamente haría razonable pensar que las organizaciones criminales posean capacidad financiera, recursos tecnológicos, y redes de complicidad en puertos, aduanas y empresas privadas. Ya existen casos documentados de sobornos aduaneros en puertos como los de Amberes, Rotterdam y Barcelona [Caso ROT 10/750163-14 (4 jul 2017); Caso 10/996540-15 (14 feb 2019); Caso 22-003159-17 (18 may 2020)].

La economía del narcotráfico: ganancias, blanqueo e infiltración

El crecimiento descontrolado del narcotráfico en esta última década se explica, trivialmente, porque genera mucho capital. El valor estimado del mercado de drogas en la UE supera los 30.000 millones de euros anuales (Europol, 2023).

Esto supone que hay más dinero negro debido al narcotráfico circulando en Europa que el PIB generado por algunos Estados miembros de la UE. Este volumen convierte al narcotráfico en uno de los sectores ilegales más lucrativos, lo que impulsa prácticas sofisticadas de lavado de dinero, tales como empresas pantalla en hostelería, logística y construcción, compraventa inmobiliaria, inversión en criptomonedas y NFT, préstamos privados y usura en barrios vulnerables, e infiltración en clubes deportivos y asociaciones culturales. Este proceso produce un efecto claramente corrosivo que apenas necesita ser puesto de relieve: el dinero ilícito se mezcla en la economía legal, distorsionando la competencia y generando dependencias locales de redes criminales.

Y el problema no es sólo la economía sumergida generada en torno a esta actividad ilícita, sino también, e incluso más ostensiblemente, que donde hay droga inevitablemente termina habiendo violencia.

La violencia como síntoma del desbordamiento

Hasta hace poco, y a diferencia de América Latina, donde el narcotráfico está inexorablemente asociado a la violencia sistemática, Europa se percibía como un espacio de economía criminal "baja en violencia". Pero esto está cambiando. En países como Suecia, Bélgica, Francia y los Países Bajos se han registrado asesinatos por ajuste de cuentas, explosiones en domicilios, incendios intencionados en negocios, reclutamiento de menores como “soldados urbanos” y de mayores como “mulas” o “camellos”. He mencionado más arriba el incremento preocupante de los tiroteos en la ciudad de Bruselas, pero Países Bajos no se queda atrás, ya que más de 50 explosiones en su territorio en el año 2023 estaban relacionadas con el narcotráfico. Tristemente famosas son también las amenazas directas de las mafias de la cocaína al ex primer ministro neerlandés, Mark Rutte, así como a la princesa Amalia de Orange. Europol (2022) advierte que la violencia ligada al narcotráfico en Europa no es episódica, sino estructural, vinculada a la competencia por territorios y canales de importación.

Hay un actor principal en todo esto, y es conocido como Mocro Mafia. Aunque su origen está en Países Bajos, no opera solamente allí; se ha convertido en la organización criminal más poderosa de Europa. Su radio de acción llega hasta Surinam, donde tienen importantes conexiones con cárteles sudamericanos. Su negocio funciona, entre otras cosas, porque hacen uso de la violencia extrema; de ahí el aumento de los tiroteos en Países como Bélgica. Además, los miles de millones de euros en negro que generan cada año duplica el presupuesto conjunto de la policía y la justicia de muchos de los países europeos. Eso da margen a la Mocro Mafia para hacer un uso sistemático del soborno en los puertos a empleados portuarios, aduaneros y estibadores. Esta red criminal identifica vulnerabilidades económicas o familiares, ofrece cantidades irrechazables de dinero y usa la violencia ejemplarizante contra quien se niega a aceptar las condiciones.

Pero la violencia visible es sólo la punta del iceberg, pues como ya he señalado, no es difícil considerar, debido a que existen antecedentes, la posibilidad de que esté acompañada a gran escala de la violencia silenciosa que es la cooptación institucional. Por ello no está demás que nos preguntemos qué consecuencias tendría si esto fuera así.

Corrupción y captura: cómo el narcotráfico puede erosionar la democracia

La corrupción vinculada al narcotráfico no se ha limitado, en ningún país en el que haya estado presente, a sobornos aislados. Se orienta, en cambio, a obtener información sensible sobre controles y operativos, a reclutar funcionarios afines en puntos clave de introducción y distribución de la mercancía, a financiar campañas municipales para garantizar la protección política o a condicionar decisiones urbanísticas y policiales locales.

Cuando una organización criminal logra influir en un concejal, un jefe de policía local, un juez, o un funcionario de aduanas –y dado el volumen de capital de que hablamos, no sería extraño que así fuera– no sólo protege su negocio, sino que debilita la institución estatal desde dentro, lo que indudablemente socava la igualdad ante la ley, principio básico de las democracias liberales. Podríamos estar tentados de suponer un escenario así como imposible, pero la realidad es que la historia reciente muestra que ninguna democracia es invulnerable a estos procesos. Un antecedente claro puede hallarse en la Italia de los años 80 y 90.

La urgencia de este problema queda de manifiesto por sí misma con los datos expuestos, pero se pueden señalar claramente las dificultades más inmediatas. En primer lugar, la presencia de las redes criminales de narcotráfico debilita la confianza en la justicia y la policía, pues cuando la ciudadanía percibe connivencia con mafias, el Estado pierde legitimidad. Esto se ha podido advertir ya en el famoso caso de Barbate, municipio de la provincia de Cádiz, cuando en el año 2024 dos guardias civiles resultaron muertos tras ser embestidos por una narcolancha, ante el aplauso de quienes observaban la escena desde los espigones. En segundo lugar y como consecuencia de lo anterior, fomenta la desigualdad territorial, pues aquellos barrios o municipios con presencia criminal son barrios donde el Estado no gobierna plenamente. En tercer lugar, genera dependencia económica. En contextos empobrecidos, las redes criminales pueden convertirse, y de hecho se han convertido, como es el citado caso de Barbate, en “proveedores de empleo”. Por último, aumenta el riesgo de populismo punitivo, pues no es algo desconocido que el miedo y la inseguridad pueden ser explotados políticamente.

Ante una situación así es tarea imposible ocultar que tanto las instituciones europeas como las de los estados miembros se enfrentan a un problema urgente y de gran calado, que es preciso atender con mayor prioridad.

El combate actual contra el narcotráfico

¿Qué podemos esperar del futuro? ¿Cuál es la estrategia que ha diseñado la Unión Europea para combatir esta delincuencia organizada?

Por el momento, la UE ha declarado oficialmente una “guerra total” al crimen organizado. Aunque la respuesta institucional llega tarde, lo cierto es que es la más ambiciosa de la historia de Europa. En 2021 la Comisión Europea aprobó la estrategia contra la delincuencia organizada más agresiva jamás diseñada. El presupuesto para ello habla por sí solo; se acordó dedicar 8.000 millones de euros para 5 años. De esta manera se consolidó la EMPACT (Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas) como el principal instrumento operativo de la Unión Europea para combatir la delincuencia grave y organizada mediante una cooperación estructurada entre los Estados miembros, las agencias de la UE y, cuando procede, socios internacionales. Su enfoque es multidisciplinar, basado en inteligencia y orientado tanto a la prevención como a la acción represiva, y se articula en ciclos plurianuales definidos a partir de evaluaciones de amenazas como la SOCTA (Evaluación de la Amenaza de la Delincuencia Grave y Organizada en la UE) de Europol. Esta estrategia de la UE se basa en 4 pilares fundamentales.

1º- El primero busca centrarse en los puertos, invirtiendo en tecnología para poder contar con escáneres de gran precisión que sean capaces de detectar las sustancias ocultas en los contenedores comerciales sin tener que abrirlos. Además, se pretendía aumentar el número de agentes de seguridad y la cooperación transfronteriza entre puertos, algo que ya se ha hecho.

2º- El segundo punto de la estrategia se centra en desmantelar las redes criminales. Así, se ha ampliado el mandato de EUROPOL para operaciones transfronterizas, se han ido conformando equipos conjuntos de investigación entre más de 5 países europeos, por el momento, y se ha mejorado el rastreo financiero haciendo seguimiento de criptomonedas y blanqueo digital.

3º- El tercer punto es incautar activos criminales. Esto incluye una cierta novedad, pues supone no solo confiscar las drogas ilegales, sino también las propiedades, vehículos e incluso cuentas bancarias de los narcotraficantes. Este patrimonio, una vez incautado, se dedica a la financiación de la lucha contra el narcotráfico.

4º- El cuarto punto y último pilar de la estrategia es la cooperación internacional. Se fijaron fiscales europeos de manera permanente en países como Colombia, Brasil o Ecuador. Se aumentó el intercambio de inteligencia en tiempo real con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y se llegó a acuerdos bilaterales con algunos países para llevar a cabo operaciones conjuntas en los propios países de origen de la droga.

Sobre los resultados de esta estrategia de la UE, los expertos en el tema están divididos entre un optimismo cauteloso y un pesimismo realista. Las medidas tomadas podrían reducir en torno a un 30-40% el narcotráfico para 2030, según la propia UE, convirtiendo a Europa en un destino menos atractivo que Estados Unidos para los criminales de la droga. Si nos atenemos a los resultados obtenidos hasta ahora, podemos decir que sí ha tenido un cierto éxito. Por ejemplo, en 2024 (EMPACT) se produjeron en torno a 13.575 arrestos, más de 1.5 mil millones de euros en dinero y activos fueron incautados, alrededor de 85 toneladas de drogas decomisadas, 6.350 traficantes de migrantes arrestados, y 5.024 víctimas de trata de personas identificadas. Los resultados obtenidos muestran que la acción europea contra el narcotráfico y el crimen organizado no es ineficaz, pero sí estructuralmente limitada.

El principal escollo radica en el hecho de tener una jurisdicción fragmentada: 27 sistemas legales diferentes facilitan vacíos legales, retrasos judiciales y la posibilidad de que los narcos puedan decidir qué país les conviene para su negocio en cada momento. Las organizaciones criminales explotan de forma sistemática las asimetrías normativas y procesales. Las diferencias entre los Estados miembros en la tipificación de los delitos, en la severidad de las penas y en los regímenes de responsabilidad penal permiten a estas redes distribuir estratégicamente las distintas fases de la actividad delictiva — almacenamiento, transporte, distribución o blanqueo— en aquellos territorios donde el riesgo penal es menor, generando un auténtico forum shopping criminal. A ello se suma la diversidad de reglas procesales —plazos de instrucción, estándares probatorios, uso de escuchas o agentes encubiertos—, que provoca que las investigaciones transnacionales avancen al ritmo de la jurisdicción más restrictiva y que pruebas válidas en un Estado puedan resultar ineficaces en otro.

Además, la ausencia de una jurisdicción penal europea plenamente unificada y de una autoridad con competencias coercitivas generales provoca conflictos de competencia, dilaciones y nulidades que juegan a favor de los acusados, al tiempo que la disparidad de regímenes de decomiso y recuperación de activos facilita que el capital criminal se desplace más rápido que las órdenes judiciales. En conjunto, esta arquitectura jurídica fragmentada rompe la unidad entre norma, jurisdicción y ejecución, permitiendo que el crimen organizado actúe en un espacio integrado mientras el derecho sigue dividido, una asimetría estructural que limita la eficacia de cualquier estrategia europea contra el narcotráfico.

Este desfase no es solo técnico, sino político, y el diagnóstico no es nuevo. Ya Altiero Spinelli, en el Manifiesto de Ventotene (1941), advertía de que los Estados nacionales europeos, aislados, eran incapaces de garantizar ni la seguridad ni la libertad en un mundo de poderes supranacionales, y que solo una federación dotada de competencias reales podía evitar tanto la impotencia como la deriva autoritaria. La lucha contra el crimen organizado confirma hoy esa intuición: sin una soberanía europea efectiva en ámbitos clave —investigación criminal, persecución penal, decomiso de activos, inteligencia financiera—, la Unión seguirá reaccionando tarde, de forma desigual y siempre por detrás de redes que no reconocen fronteras. Como advirtió también Robert Schuman en su Declaración del 9 de mayo de 1950, “Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará mediante realizaciones concretas que creen, ante todo, una solidaridad de hecho”. El crimen organizado ya ha creado esa solidaridad de hecho; la Unión, si quiere enfrentarlo eficazmente, debe hacer lo mismo en el plano jurídico y coercitivo. Un auténtico federalismo europeo —con competencias comunes en investigación criminal, persecución penal y decomiso de activos— no sería una cesión idealista de soberanía, sino su ejercicio racional frente a amenazas que ningún Estado miembro puede contener por sí solo. Europa debe construirse a partir de necesidades concretas y no de abstracciones ideológicas. El narcotráfico y el crimen organizado constituyen precisamente una de esas necesidades históricas: un desafío que ningún Estado miembro puede afrontar en solitario y que exige instituciones comunes capaces de actuar con unidad, continuidad y autoridad. Lo que nos jugamos es mantener la seguridad y las garantías democráticas o convertirnos en el nuevo paraíso del crimen organizado global.