Europa no puede permitirse conflictos internos: Declaración tras la crisis humanitaria en Ceuta iniciada el 30 de julio de 2026.
Europa no puede permitirse conflictos internos Declaración tras la crisis humanitaria en Ceuta desde el 30 de julio de 2026
El 30 de julio, más de 50.000 personas cruzaron la frontera entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea a través de la Ciudad Autónoma de Ceuta, lo que provocó la muerte de más de 70 personas. Veinticuatro horas después, 69.500 personas habían sido devueltas o habían regresado voluntariamente a territorio marroquí. A continuación, varios gobiernos de Estados miembros de la UE instrumentalizaron esta crisis para atacar la política migratoria de España en términos más amplios, haciendo referencia al reciente proceso de regularización llevado a cabo en el país.
Según el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, el Gobierno de Marruecos «al menos alentó o permitió» los cruces irregulares de la frontera, que también fueron consecuencia de un bulo difundido por internet según el cual los migrantes que llegaran por mar no serían deportados. El elevado número de entradas irregulares provocó el colapso de los servicios de la ciudad, obligó al cierre de negocios locales y dejó tanto a los residentes como a quienes acababan de llegar sin alimentos ni recursos. Asimismo, debilitó la estabilidad general de la Unión al fomentar la desconfianza y la división entre los Estados miembros.
Ya en 2021, Marruecos abrió todos los pasos fronterizos y permitió la entrada masiva de 20.000 personas como represalia por la acogida en España del líder del Frente Polisario. La utilización de la presión migratoria por parte de Marruecos constituye un ataque deliberado contra la soberanía de un Estado europeo que debe recibir una respuesta unida y contundente por parte detoda la Unión Europea. Los acontecimientos recientes deben entenderse en ese mismo contexto, tras el reciente acercamiento del Gobierno español a Argelia, rival histórico de Marruecos. Se trata, claramente, de un ataque contra el Gobierno de España, responsable de proteger una frontera exterior de la Unión conforme al régimen europeo de control fronterizo. Al mismo tiempo, la instrumentalización de seres humanos por parte de terceros países nunca debe llevar a la Unión Europea a renunciar a sus obligaciones jurídicas y morales. Toda persona que llegue a las fronteras de la Unión conserva los derechos reconocidos por el Derecho internacional de los refugiados, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Sin embargo, tras el incidente, veintidós Estados miembros acusaron a la política española de regularización masiva de ser un supuesto «efecto llamada», en lugar de mostrar solidaridad ante el ataque sufrido por las fronteras españolas. En efecto, el Gobierno de España había puesto en marcha este año un procedimiento extraordinario de regularización para personas en situación administrativa irregular, cuyo plazo de solicitud se extendía del 16 de abril al 30 de junio de 2026. No obstante, dicho proceso debe entenderse como una cuestión completamente independiente de los acontecimientos ocurridos en Ceuta.
Además, el Gobierno de Giorgia Meloni en Italia, con el apoyo de Finlandia, la República Checa y Dinamarca, propuso excluir a España del espacio Schengen, una medida que Italia llegó a aplicar de forma temporal. Por su parte, Francia reforzó los controles en su frontera con la península ibérica. La Comisión Europea permaneció prácticamente en silencio. En lugar de mostrar solidaridad con España y exigir una investigación sobre el papel desempeñado por Marruecos, la mayoría de los Estados miembros centraron sus críticas en políticas internas españolas que no guardaban relación directa con la crisis. Estos acontecimientos ponen de manifiesto la fragmentación política estructural que sufre la Unión Europea y evidencian su vulnerabilidad frente a las injerencias externas.
El Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, de 12 de julio, define la instrumentalización como un acto destinado a «desestabilizar» a un Estado miembro o a la propia Unión Europea mediante la utilización de la migración irregular. En lugar de reconocer este patrón, gobiernos como los de Italia, Finlandia y Francia han optado por respuestas simbólicas impulsadas principalmente por dinámicas políticas internas y por el resentimiento hacia las personas migrantes. La Unión Europea ha sido amenazada de forma colectiva y varios Estados miembros no han actuado en consecuencia. A pesar de las declaraciones de la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, afirmando que su país «prefiere una inmigración legal, ordenada y segura para todos», Marruecos incumplió sus obligaciones en la frontera de Ceuta, provocando al menos 88 víctimas mortales. Estas violaciones de los derechos humanos afectan especialmente a los sectores más pobres y vulnerables de la población marroquí, que viven en condiciones muy difíciles. La tragedia demuestra, una vez más, la necesidad urgente de crear vías legales y seguras de acceso a la Unión Europea, reduciendo la dependencia de las redes de tráfico de personas y evitando nuevas pérdidas de vidas humanas en las fronteras europeas.
Los acontecimientos de Ceuta demuestran, además, que la migración, el asilo y la gestión de las fronteras no pueden seguir siendo competencias fragmentadas principalmente entre los Estados miembros. La Unión Europea necesita un verdadero sistema común de asilo basado en la responsabilidad compartida, normas comunes, el respeto de los derechos fundamentales y una solidaridad efectiva entre todos los Estados miembros. Nosotros, los Jóvenes Europeístas Federalistas, reiteramos nuestro llamamiento a una reforma de los Tratados de la Unión Europea para avanzar hacia una federación de los Estados europeos, incluyendo la transferencia de la competencia en política exterior al nivel federal europeo. Es urgente que la Unión Europea actúe de manera más unida y decidida para disuadir a los actores hostiles de instrumentalizar brutalmente a su propia población contra la Unión. Una mayor integración reforzaría el peso internacional de la UE y facilitaría la movilización de recursos y capacidades para responder con mayor rapidez y eficacia a crisis de esta naturaleza.
Asimismo, instamos a todos los Estados miembros a respetar el Derecho de la Unión, incluido el Acuerdo de Schengen, y a poner fin a los controles permanentes e injustificados en las fronteras interiores, respetando los derechos derivados de la ciudadanía europea y del ordenamiento jurídico de la Unión. La restricción de la libre circulación dentro del espacio Schengen, como ejemplifica la respuesta de Italia, no contribuye en absoluto a la recuperación de Ceuta ni al interés general de la Unión Europea, especialmente teniendo en cuenta que Ceuta ni siquiera forma parte del espacio Schengen. Al contrario, pone de manifiesto la hipocresía de muchos gobiernos, que se limitan a formular críticas sin adoptar medidas para apoyar a quienes sufren las consecuencias de esta situación.
Por último, hacemos un llamamiento a la Comisión Europea y a su presidenta para que defiendan el principio de solidaridad entre los pueblos de la Unión Europea, que incluye también a la población de Ceuta, y para que protejan el espacio Schengen frente a los ataques de los propios gobiernos de los Estados miembros.
Un ataque contra uno es un ataque contra todos. La Unión debe estar preparada para defenderse y defender sus valores. Los seres humanos no son instrumentos de coerción, y Europa debe mantenerse firme en la defensa de este principio.